Propaganda Oficial: este año se gasta $6900 millones de pesos

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    Propaganda Oficial: este año se gasta $6900 millones de pesos

    Que numeritos no? Bueno, en fin, año de elecciones: El gobierno de Cristina Kirchner prevé gastar este año al menos $ 6900 millones en su creciente aparato de propaganda, que incluye medios estatales, pauta oficial, transmisiones deportivas, recitales y eventos culturales, entre otros conceptos administrados por varios ministerios.

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    A ese número se llega tras sumar casi una veintena de entes o programas oficiales según las cifras contenidas en los 29 extensos anexos del Presupuesto Nacional publicados el 19 de enero pasado, por decisión administrativa 1/2015 del entonces jefe de gabinete, Jorge Capitanich . El engorroso trabajo de relevamiento fue realizado por los periodistas Ignacio Montes de Oca y José María Stella del blog Eliminando Variables, que se basa en documentos públicos.

    Los $ 6900 millones irán a pagar el Fútbol para Todos, Radio y Televisión Argentina (RTA), la agencia Telam, parte de la pauta oficial nacional, la Unidad Bicentenario (que organiza recitales y eventos masivos), la Televisión Digital Terrestre estatal, Tecnópolis, el plan Igualdad Cultural, medios universitarios en Córdoba y Santa Fe, producciones audiovisuales, la polémica Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la denominada Defensoría del Público, entre otros entes dedicados total o principalmente a difundir los mensajes oficiales.
    De acuerdo con el relevamiento, el 66,8% del monto total, es decir $4611,6 millones, será administrado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández . Allí están el programa Fútbol para Todos, el reparto de la pauta oficial, RTA -dueña de Canal 7 y Radio Nacional- y Telam. El Fútbol para Todos, que como herramienta publicitaria es por lejos la más exitosa en términos de audiencia, recibirá $ 1643 millones para pagar los derechos que percibe la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los costos de transmisión de los partidos la primera A, el Nacional B, el Turismo Carretera -bajo la marca Automovilismo para Todos- y otros eventos deportivos. Ese monto -administrado por el coordinador del programa y precandidato kirchnerista a intendente de Lomas de Zamora, Pablo Paladino- podría incrementarse si el gobierno acepta el insistente pedido de aumento de la AFA, que ahora tiene la excusa del torneo de 30 equipos (buena parte de los cuales está en rojo financiero). RTA (cuyo gerente de noticias es el camporista Carlos Figueroa) recibirá $1355 millones, un 38,3% más que el año pasado, cuando ya había obtenido refuerzos para enfrentar los costos de transmisión del Mundial de Fútbol de Brasil. En el rubro "Prensa y Difusión" -la pauta oficial que reparte el camporista Hernán Reibel Maier, subsecretario de Comunicación Pública-, el presupuesto prevé un gasto de $ 1203 millones. Desde julio de 2013, la jefatura de gabinete no publica en su página web cómo se reparten esos fondos. Y finalmente, la agencia Telam -que conduce el camporista Santiago Patucho Álvarez- tendrá para su funcionamiento $ 410 millones, un 28% más que en 2014....fuente
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    Poco pero bueno

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    Re: Propaganda Oficial: este año se gasta $6900 millones de pesos

    Actualizo esta verguenza:

    Obscenidad a la vista de todos
    Desde 2003, el gobierno kirchnerista ha aumentado su gasto en publicidad en forma abusiva y en desmedro directo de áreas como salud y seguridad

    Los gobiernos autoritarios dedican cifras exorbitantes en su propia promoción, en mil formas distintas de propaganda costeada con los dineros públicos. Cuando la política se transforma en negocio y en un esfuerzo de perpetuación, ello parece casi inevitable en ese tipo de administraciones.

    La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) realiza un constante y valioso monitoreo acerca de cómo en la Argentina se utilizan los recursos públicos para publicitar y sobredimensionar los actos de gobierno.

    Un estudio reciente de esa entidad dio cuenta de uso y abuso del gasto consolidado en materia de comunicaciones ejecutado durante 2014 por la administración que lidera Cristina Fernández de Kirchner. Se trata del informe anual "Limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina".

    Sumando todas las cuentas de promoción y publicidad, de las que el kirchnerismo se ha valido para difundir propaganda política, el importe resultante es gigantesco: demandó 16.415.831.222 pesos anuales, a una tasa de cambio promedio de 8 pesos por dólar, lo que equivale a 2.051.000.000 de dólares. Esto significa 5.600.000 dólares por día, incluyendo feriados, sábados y domingos.
    Esa cifra supera escasamente al gasto que nuestro país ha destinado al Ministerio de Salud, la Administración de Programas Especiales, la superintendencia del área y al hospital Posadas para el mismo año. Y excede ampliamente la mitad del gasto nacional en seguridad interior proyectado también para 2014, que abarca a las policías Federal y de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería, la Prefectura y Ministerio de Seguridad.

    Los derroches en materia de comunicaciones incluyen naturalmente el pago de una enorme burocracia, con sus consiguientes gastos de administración. También contemplan el monopolio de la transmisión del fútbol a través de la televisión, así como el funcionamiento de estaciones de radio y televisión dedicadas a cantar loas permanentes al Gobierno, y el mantenimiento de agencias de noticias que magnifican los aciertos de gestión y disfrazan o directamente ocultan los fracasos.

    A todo ello se suma la publicidad oficial en los medios de comunicación, distribuida arbitrariamente para favorecer a las empresas sumisas a los requerimientos políticos del Gobierno y como un modo de castigar a los medios que informan de manera independiente.
    En este último sentido, el gobierno nacional, fiel a su característica de incumplir fallos judiciales y laudos arbitrales, ha desobedecido varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que lo obligan a asignar los recursos por publicidad oficial de manera no arbitraria, es decir, sobre la base de criterios objetivos y razonables, sin ningún tipo de discriminación.

    Aunque el máximo tribunal recordó que incumplir sus sentencias supone desconocer la división de poderes -algo inadmisible en un Estado de Derecho-, deteriorando la estructura constitucional democrática, el gobierno de Cristina Kirchner ha decidido no acatar esos fallos y seguir haciendo lo que le place, una burla a la buena fe de los ciudadanos.

    Como sucede en los gobiernos arbitrarios, el nuestro tiene a su total disposición un gigantesco y monopólico multimedios oficial, con medios propios y otros contratados, que supeditan sus opiniones a cambio de la recepción de dineros públicos. Según el citado informe de la Fundación LED, el gasto argentino en publicidad oficial se incrementó sistemáticamente entre 2003 y 2014. En total, el aumento en ese período fue del 3811 por ciento.

    No hay obra pública, por intrascendente o pequeña que sea, que no esté acompañada de una profusión de carteles que atribuyen la responsabilidad de lo ejecutado o por realizarse a la Presidencia de la Nación, como si gobernar no fuera un deber, como si cumplir con las obligaciones debiera generar un aplauso rotundo y permanente o como si el dinero de la obra construida saliera del bolsillo de la Presidenta. La máquina de vitorear es constante y aparece en todas partes. Su eco es permanente. Incluso se utiliza a los medios cooptados mediante el otorgamiento de dádivas para fomentar obras cuya inauguración se ha lanzado más de media docena de veces, sin que se registrara el menor avance.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en particular, su relator sobre libertad de expresión debieran incluir, con urgencia, este mayúsculo tema en la Agenda Regional sobre Libertad de Expresión, pues mientras se acusa a algunos conglomerados empresarios privados de ser monopólicos, paralelamente se construyen y mantienen conglomerados públicos que son mucho más grandes y que operan financiados con los dineros de todos con el fin de endiosar a quienes son apenas mandatarios del pueblo. La reciente denuncia de la Sociedad Interamericana de Prensa está abriendo este camino.

    Por todo lo antedicho, las naciones debieran contar, cuando menos, con legislación regulatoria de la publicidad oficial, sin la cual ni la libertad de expresión ni el pluralismo informativo estarán garantizados. Pero, además, el público debiera recibir periódicamente información oficial objetiva que detalle en una minuciosa rendición de cuentas la evolución de la asignación de la publicidad oficial.

    Es hora de generar los consensos necesarios para que los graves abusos en esta materia sean reemplazados por la transparencia del gasto y su equidad. También, para que pueda advertirse cómo los enormes multimedios estatales se han transformado, paso a paso, en uno de los principales peligros que acechan a la libertad de expresión y de información en América latina.

    El caso argentino es revelador, pues muestra a las claras la existencia de un abuso que se procura disimular no sólo manteniendo la opacidad, sino atacando a los medios privados cuando el verdadero monopolio que abusa de su posición dominante está en manos del Estado, financiado con el dinero de todos los habitantes..
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    Poco pero bueno

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