La reforma del código civil y comercial volvio a la escena política y parece que lo tratan esta semana que viene: La sanción de un nuevo Código Civil y Comercial debiera ser el resultado del consenso mayoritario de la sociedad

La súbita decisión del kirchnerismo de intentar darle sanción definitiva a la reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial el miércoles próximo es el producto de una burda y precipitada maniobra política que pone en serio riesgo el futuro de todos los argentinos en temas sumamente sensibles, como el nacimiento, el matrimonio, la familia, la educación, las transacciones y los contratos comerciales, el patrimonio, la vecindad y la muerte.

La reforma de un código debe contar con el consenso de la gran mayoría de la sociedad y con la responsabilidad de los legisladores llamados a votar semejante acuerdo programático de normas que hacen a la vida de los habitantes como miembros de la sociedad civil. Esa responsabilidad les cabe muy especialmente a los senadores y diputados del oficialismo, acostumbrados a votar leyes por obediencia ciega a las órdenes que les imparte el Poder Ejecutivo.

Nuestro actual Código Civil tiene 145 años y nadie podría afirmar sin temor a equivocarse que no contenga aspectos que necesiten ser modificados. Pero hacerlo de la forma en que propone el kirchnerismo -sin debate, a las apuradas y de manera antirreglamentaria- es un despropósito.

El oficialismo pretende sancionar la ley de 2671 artículos con mayoría simple en Diputados, pues entiende que no necesita un nuevo dictamen. Asegura que le alcanza con el despacho de la comisión bicameral, que fue modificado en su momento por la Cámara alta. Sin embargo, ese hecho preciso lo invalida. No es el mismo dictamen de la bicameral, sino otro al que se le introdujeron cambios. Además, los nuevos diputados, que asumieron en diciembre pasado, tienen todo el derecho de opinar antes de votar algo en lo que no han participado.

...Hace menos de una semana, el propio oficialismo lanzaba al ruedo su intención de sancionar una ley de adopción por fuera del nuevo Código Civil y Comercial, al que veía estancado en el Congreso. Bastó con que la oposición empezara a debatir ese tema, incluso con la presentación de proyectos propios, para que rápidamente el Gobierno volviera sobre sus pasos y apurara a sus diputados a convertir en ley el nuevo código. No es extraño. Lo mismo hizo cuando se apropió del proyecto de la Asignación Universal por Hijo y de otros tantos ideados por la oposición.
También el Poder Ejecutivo terminó haciendo su propia versión del proyecto original de reunificación de los códigos. Tras habérselo encargado a una comisión de juristas, encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, le introdujo cambios que, como el de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios, iban en sentido contrario a lo dispuesto por el grupo de notables especialistas.

Tal fue la polémica desatada en torno a ese tema que el kirchnerismo, una vez más, decidió tratarlo por separado. Fue entonces cuando logró convertir en ley que ni el Estado ni sus principales empleados sean responsables civilmente por los daños que, por su actividad o inactividad, causaren a los bienes y derechos de las personas.

Es necesario señalar, una vez más, que ninguna ley de semejante magnitud puede ser aprobada sin un amplio debate que concluya en sólidos acuerdos.

El apresurado tratamiento legislativo del nuevo Código Civil y Comercial es a todas luces inconveniente, inoportuno e innecesario. No resulta ni siquiera mínimamente razonable avanzar hoy en esta reforma que modifica cuestiones centrales para las que debe haber un amplísimo consenso, como la modificación del estatuto de la adopción permitiendo el acceso a ese derecho a personas solas o que no estén legalmente casadas; la habilitación de divorcios exprés y las separaciones de bienes previa a las uniones conyugales; permitir las sociedades de un solo miembro, y la introducción de variantes restrictivas de la función social de la propiedad, algo que ya existe en nuestro derecho con la consagración del principio del abuso de derecho y la equidad, pero que el oficialismo pretende modificar para favorecer la irrupción del Estado en materia de propiedad privada como ya lo ha hecho en otros tantos aspectos de la vida del país.

El proyecto también incluye, entre otros muchos e importantes institutos, la pesificación de las deudas pactadas en moneda extranjera, otro punto de discordia que sigue la línea que el Gobierno traza cuando niega la inflación, interviene el mercado pesificando operaciones e interfiere las que deberían ser libres decisiones de los ciudadanos.

Modificar códigos requiere mucho conocimiento técnico, espíritu componedor, mesura, actitud democrática, respeto por la opinión del otro. Se trata nada más ni nada menos que de acordar pautas que habrán de regir la vida de los argentinos por varias generaciones.

En su afán por dar una señal de fortaleza, de recuperar la iniciativa política y de imponer nuevamente su criterio, el Gobierno vuelve a violentar las instituciones, dañando la seguridad jurídica y afectando valores enraizados en nuestra cultura jurídica y social...fuente
Que les parece esta reforma? A favor? en contra? Yo estoy buscando un poco más de informacion acerca de que implica