Derechos Humanos: esta gente hizo en Democracia lo que no se animó la Dictadura

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  1. #46
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    Re: Derechos Humanos: esta gente hizo en Democracia lo que no se animó la Dictadura

    Estela de Carlotto: "Me repugna que digan que hay curros con los derechos humanos"
    La titular de Abuelas de Plaza de Mayo aseguró que no le sorprenden las declaraciones de Mauricio Macri pero sí las de Graciela Fernández Meijide. Además habló del estilo de candidato que apoyará en las elecciones
    Señora, a todo el mundo le repugna, pero no que lo digan, sino que existan; o como se llama a lo de sueños compartidos? o la expropiacion de la universidad de madres ¡
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  2. #47
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    Re: Derechos Humanos: esta gente hizo en Democracia lo que no se animó la Dictadura

    Citar Mensaje original enviado por 0Config Ver Mensaje
    Señora, a todo el mundo le repugna, pero no que lo digan, sino que existan; o como se llama a lo de sueños compartidos? o la expropiacion de la universidad de madres ¡
    Como dice ella misma en la nota (a veces dudo si lees lo que posteas), son casos particulares, y como tal deben ser tratados. No hay necesidad de generalizar.
    Esos hechos hay que repudiarlos y deben ser condenados por la justicia, pero decir que se curra con los derechos humanos es de cuarta y es una jugada politica hasta innecesaria diria yo.
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  3. #48
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    Re: Derechos Humanos: esta gente hizo en Democracia lo que no se animó la Dictadura

    Que gaga esta Strasera.

    N.-
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    “…Miente, miente, miente que algo quedará, mientras más grande sea una mentira más gente la creerá…” - Joseph Goebbels - ministro encargado de la propaganda del gobierno de Adolf Hitler en la Alemania Nazi.

  4. #49
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    Re: Derechos Humanos: esta gente hizo en Democracia lo que no se animó la Dictadura

    ....Hablar de derechos humanos es hablar de valores supremos de la condición humana. Lograr su efectiva vigencia, en todo el planeta, es el mayor desafío que pueden plantearse las naciones. La otra cara de la moneda es que toda política de derechos humanos debe ser administrada en forma límpida e intachable.

    En la Argentina, el debate sobre derechos humanos se ha centrado en los crueles episodios de subversión y la represión consiguiente, ocurridos en los años setenta, olvidándose de que también configuran valores para la reconciliación y el esfuerzo colectivo hacia el futuro.

    La Corte Suprema estableció que sólo son delitos de lesa humanidad aquellos cometidos por organismos del Estado a través de una política sistemática que vulnere derechos de la sociedad civil o de un grupo determinado de ésta. Tal definición restrictiva, que sólo incluye la violencia ejercida por acción estatal, se diferencia de la doctrina internacional y excluye a los terroristas de su alcance (beneficiándolos con la prescripción, entre otros muchos principios del derecho penal) y también a sus víctimas inocentes, quienes no pueden acogerse a las leyes de reparación.

    Es tan grave la responsabilidad que se atribuye al Estado por el uso abusivo de su poder en materia de "lesa humanidad", que simétricamente debería ser gravísima la sanción por desvirtuar esa potente herramienta institucional, en provecho de fines subalternos. Investigar eventuales desvíos no afecta ni daña los pilares de la doctrina, sino que los fortalece, evitando que el poder y el dinero los corroan, los debiliten y los destruyan.

    ¿Quién habría de "rasgarse las vestiduras" al insinuarse abusos en el manejo pecuniario o político de esa doctrina, si el Gobierno no ha demostrado manejo transparente en casi ninguna de sus gestiones públicas? Hemos visto la valija de Antonini Wilson, la bolsa de Felisa Miceli, la imprenta de Amado Boudou, los aviones de Ricardo Jaime, los fondos de Santa Cruz, el asesoramiento a Formosa, las obras públicas de Lázaro Báez, los casinos de Cristóbal López y, ahora, los hoteles de la Presidenta, entre muchísimos otros escándalos.

    Las irregularidades de la sociedad de la familia presidencial Hotesur constituyen sólo la punta de un gran iceberg de corrupción, al que no es ajena una particular concepción del poder vinculada al uso de la función pública como medio de enriquecimiento. La propia jefa del Estado ha dicho públicamente en alguna oportunidad que a Néstor Kirchner lo obsesionaba el dinero, porque sin él no era factible dedicarse a la política.

    La jerarquía superior de los derechos humanos configura el cuadro perfecto para que la política y el dinero hagan de las suyas, fuera del radar de las auditorías, las sindicaturas y los periodistas. Algo así como asaltar un banco y luego ocultarse en una Iglesia, detrás del altar mayor.

    La política mostró una de sus peores hilachas con el caso de Felipe y Marcela, los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. En 2002, las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron a la directora de Clarín como "apropiadora" de hijos de desaparecidos, llegando a lograr su detención. Años después, con la persecución que sufrieron los medios periodísticos por parte del Gobierno, el proceso judicial fue impulsado por organismos de derechos humanos, con medidas que fueron calificadas como "tortura psicológica y daños personales". En definitiva, luego del examen realizado en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), quedó probado que Felipe y Marcela no eran hijos de los querellantes, ni tampoco de personas desaparecidas en 1975 y 1976, año este último en que nacieron los hermanos.

    El dinero también suele ser una motivación irresistible para el desvío del poder estatal. Este diario ha pedido en reiteradas oportunidades al Ministerio de Justicia y a la Secretaría de Derechos Humanos información, que por su naturaleza debiera ser pública, para conocer cuánto dinero se pagó y cuántas víctimas y familiares percibieron indemnizaciones conforme a las leyes de reparación, pero no hubo respuestas. En total, el Estado habría pagado entre 1700 y 1900 millones de dólares en casos que rondarían los 220.000 dólares cada uno. Por curioso que parezca, en esos trámites no interviene la Justicia.

    El Poder Judicial investiga actualmente indemnizaciones irregulares a parientes de guerrilleros que, en realidad, murieron mientras atacaban comisarías y cuarteles durante los gobiernos constitucionales del peronismo, entre 1973 y 1976. También investiga irregularidades en indemnizaciones y pensiones de por vida a personas detenidas desde 1955 en situaciones que no configuraban delitos de lesa humanidad.

    Uno de los casos más escandalosos donde el poder y el dinero se han conjugado de la peor forma ha sido el citado programa Sueños Compartidos, de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y gerenciado por Sergio y Pablo Schoklender. El "sueño" consistía en obtener fondos públicos para construir 4757 viviendas por 1295 millones de pesos y ejecutar sólo el 30% de ellas utilizando el 70% de las sumas recibidas. Este pase mágico habría sido posible mediante un festival de pagos sin control. La Auditoría General de la Nación detectó transferencias a distintas personas por un monto de unos 52 millones de pesos. De dichos pagos, Sergio Schoklender recibió unos 23 millones de pesos, su empresa constructora Meldorek S.A, 4 millones, y su hermano Pablo, algo más de 13 millones. Además de pagos sistemáticos con cheques inferiores a 50.000 pesos cobrados por ventanilla, por un monto total de 30.000.000 de pesos. Una sola persona cobró la suma de 4 millones mediante 85 cheques.

    También habrían compartido los sueños de los Schoklender varios funcionarios públicos, quienes debían controlar y aprobar las obras realizadas por la fundación. Alejandra Bonafini, hija de Hebe de Bonafini, tampoco se privó de hacer negocios con Meldorek y se encuentra investigada por ello.

    Para salvarse de la quiebra, en 2011 se constituyó un fideicomiso con el propósito de blindar los bienes de la Fundación Madres de Plaza de Mayo "para que pueda continuar con su obra". De ese modo, la radio AM 530, la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi) y la fábrica de paneles para viviendas quedaron bajo ese paraguas legal. Pero no fue suficiente, y, hace un par de meses, el kirchnerismo tuvo que estatizar la fundida Universidad para evitar un escándalo mayor.

    La defensa de los derechos humanos no se agota con la condena a los crímenes de lesa humanidad y, mucho menos, con el pago sin control de cifras millonarias a quienes militan en el partido gobernante.

    Esa defensa obliga a investigar a quienes pudieron haberse aprovechado de esa doctrina, para mantenerla impoluta. Y a recordar que los derechos humanos no son solamente un espejo retrovisor para juzgar el pasado con una perspectiva parcial y revanchista, sino que configuran una agenda de acción pública destinada a erradicar el hambre, dar vivienda digna, educar a las nuevas generaciones, asegurarles la salud, la seguridad personal, el acceso a la justicia y oportunidades de empleo genuino, sin dádivas ni clientelismo. Es decir, un país en serio, pero en serio de verdad....... fuente

    En qué consistió realmente el "curro" de los derechos humanos
    Los escándalos que han rozado a organizaciones del rubro no son más que efectos secundarios de una gran impostura, inspirada por un episodio del 2001. Una oportuna "política de DDHH" que negó los antecedentes que la hicieron posible
    Para que los que creen ciegamente y sin preguntarse nada tengaan más información, otro punto de vista además de lo que dice el pasquin
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  5. #50
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    Re: Derechos Humanos: esta gente hizo en Democracia lo que no se animó la Dictadura

    El siempre divertido Brancatelli

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  6. #51
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    Re: Derechos Humanos: esta gente hizo en Democracia lo que no se animó la Dictadura

    Para la madre de Plaza de Mayo Elia Espen, “el Gobierno no respeta ni al pañuelo blanco”
    Elia Espen, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, ofreció una extensa entrevista en la redacción de Perfil.com en la que habló sobre la política de Derechos Humanos kirchnerista, su historia personal, la utilización partidaria del edificio de la Ex Esma, las contradicciones del relato K y el General César Milani. Elia Espen, parte 1.

    La Madre sintetiza lo que implica llevar desde hace casi 40 años un pañuelo blanco sobre su cabeza: “El pañuelo representa mucho dolor”. Con un reclamo certero contra el Gobierno nacional, Espen critica su utilización como imagen de los billetes de 100 pesos. “Ya no respetan nada, no hay respeto por los desaparecidos nio por el pañuelo blanco”, se queja. Dice que el kirchnerismo “son un grupo de personas que se han adueñado de los Derechos Humanos porque no consultan. Directamente toman decisiones, hacen lo que les parece sin siquiera preguntarnos a las Madres y a los familiares si podría ser”, cuestiona.

    Para la mujer, no es tenida en cuenta por su oposición a la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Soy crítica y siempre estuve con los trabajadores, como en la época de Kraft que me fui a la Casa de Gobierno con el pañuelo, pensando que me iban a recibir pero no lo hicieron”, ejemplificó. “Nunca me van a recibir”, vaticina.

    Por esa protesta, Espen formó parte del Proyecto X. Asegura: “Existen listas negras; estamos con Victoria Moyano -nieta recuperada- en ese listado”. “Cuando estábamos en la fábrica nos tiraron los caballos y el fiscal me preguntó cómo sabía de la represión. ‘Porque estuve’, le dije”, relata. Agrupaciones de izquierda denunciaron en 2013 que Espen y Moyano formaban parte de Proyecto X, el plan de espionaje ideado en la Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad durante la conducción de Nilda Garré.


    Mayor amplitud.
    La mujer -que busca a su hijo hijo Hugo, un joven de 27 años, estudiante de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y militante del PRT, secuestrado por un grupo de tareas paraestatal- considera que la visión de Derechos Humanos del oficialismo es acotada. “No se dieron cuenta lo que son los Derechos Humanos porque también son una vivienda digna, educación, salud, que te escuchen y no que te repriman, como a los Qom, que los están matando y les han hecho de todo”. Espen fue más allá: “Si fueran un actor o un futbolista importante, ahí sí estarían en la Casa de Gobierno”, sigue.

    Espen se refirió a los que defienden al jefe del Ejército, César Milani, investigado por la desaparición del conscripto Alberto Ledo. “Es un represor y es un genocida, palabra que no me gusta decir pero es un asesino, quizá no empuñó el arma pero mandó a matar”, denuncia. “Es una mentira y una excusa decir que Milani no puede haber sido porque era joven en ese momento, lo desmiento”, insiste, mientras lo compara con el represor Alfredo Astiz: “De él también decían que no podía ser porque era joven”....fuente
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  7. #52
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    Re: Derechos Humanos: esta gente hizo en Democracia lo que no se animó la Dictadura

    Actualizo con esta nota de color que plantea un Autoelogio inmerecido

    Éste no es el gobierno de los derechos humanos
    Muchas deudas pendientes en materia social, económica y política desmienten la definición de la Presidenta y obligan a no dejar que se instalen las falacias

    La presidenta de la Nación expresó varias veces durante las cadenas nacionales de la reciente Semana de Mayo que a ella no le perdonan que represente al "gobierno de los derechos humanos". Para evitar que este tipo de proclamas se instale en el ideario público, corresponde listar algunos de los derechos humanos que esta gestión de gobierno ha venido vulnerando de forma manifiesta y sistemática a lo largo de los últimos 12 años.

    Hay que desnudar descriptivamente, de la forma más clara y concreta posible, una realidad que evidencia que este tipo de afirmaciones son parte de mecanismos de generación de conciencia sin basamento fáctico. Lo que sigue es una breve muestra de algunas de las violaciones de los derechos humanos que se produjeron y siguen produciendo en nuestro país.

    En materia de derechos económicos y sociales, aunque esta administración transcurrió durante un fuerte crecimiento del PBI, son evidentes las transgresiones inexcusables. Por ejemplo, aunque no existen estadísticas exactas, el derecho a una vivienda digna sufrió graves retrocesos. Se estima que, en estos años, al menos se duplicaron la cantidad de personas que habitan en villas de emergencia. Actualmente viven alrededor de tres millones de personas en estas condiciones, con problemas severos de agua potable, saneamiento y alumbrado público. Esa estadística no incluye, por tanto, a las numerosas personas en situación de calle y hacinamiento.

    El derecho a la alimentación también es vulnerado. Pese a que con la desintegración del Indec no hay estadísticas oficiales confiables, según centros de estudios especializados, la desnutrición crónica afecta a alrededor del 8% de la población de niños menores de seis años. En las provincias con sistemas feudales, escaso control de la sociedad civil y gobernantes reelegidos indefinidamente y avalados por el Poder Ejecutivo, se vienen produciendo una cantidad incesante de fallecimientos por desnutrición.

    El derecho a un medio ambiente sano
    se ha degradado de forma muy evidente con esta gestión. El desmonte y la minería sin regulación, la gestión de las aguas y los basurales a cielo abierto son sólo algunos ejemplos. Una situación aún más notoria es el incumplimiento al fallo de la Corte Suprema por la situación del Riachuelo, uno de los ríos más contaminados del mundo. Entre otras víctimas, hay miles de personas que desde hace siete años aguardan ser relocalizadas por vivir en condiciones totalmente indignas y riesgosas para su salud.

    El apabullante crecimiento del narcotráfico afecta sobre todo a los pobres. Cientos de jóvenes de bajos recursos mueren anualmente por hechos de violencia relacionados con la droga, mientras que las fronteras se hacen cada vez más permeables. La venta indiscriminada de la pasta base de cocaína ha dejado lo que se denomina una "generación perdida" de jóvenes con daños neurológicos irrecuperables. No hay una política seria para combatir el narcotráfico ni para prevención las adicciones.

    Los derechos civiles no corren mejor suerte. Las personas privadas de la libertad se han incrementado en alrededor de 50% durante esta gestión de gobierno. Por un lado, casi el 60% de los detenidos no tiene condena firme, lo cual representa una evidente afrenta a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a otros tratados internacionales a los cuales nuestro país les otorgó jerarquía constitucional. Por el otro, cada año se incrementan los casos de tortura y maltratos contra los presos, como viene explicitando en sus informes anuales la Procuración Penitenciaria, dependiente del Congreso de la Nación.

    Como surge del amplio movimiento social que lo viene denunciando públicamente, los derechos de las mujeres están siendo fuertemente vulnerados. La Corte Suprema dispuso en 2012 que todas las provincias debían implementar protocolos de abortos no punibles y, pese a ello, hay once provincias que carecen completamente de guías de actuación en este campo. A su vez, la violencia de género se ha incrementado exponencialmente sin que se ponga en funcionamiento una política pública integral para reducir el flagelo. En 2014 se produjeron 277 femicidios, es decir que muere una mujer cada treinta horas en estas circunstancias. Treinta y nueve de esas mujeres habían denunciado violencia de género, pero nunca recibieron del Estado la protección adecuada.

    Los derechos de los pueblos originarios tampoco se respetan. Según la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Estado argentino no aplica ni garantiza el ejercicio de sus derechos territoriales, políticos y culturales reconocidos a nivel constitucional. Los qom, los wichis y los mapuches han sido objeto de hechos de violencia, en varios de los cuales estuvieron involucradas las fuerzas de seguridad. Por su parte, hace ocho años que el Estado nacional y el gobierno de Chaco incumplen de forma manifiesta un fallo de la Corte Suprema que les ordena proveer de agua, medicamentos y otros insumos básicos a comunidades indígenas de esa provincia.

    A su vez, la violencia estatal se expande. Los registros públicos indican que 154 personas fueron muertas por las fuerzas de seguridad en 2014 en el área metropolitana de Buenos Aires, lo cual constituye un récord desde 2004. Las estadísticas son superiores a los promedios regionales de países como Brasil, Uruguay y Chile, que han producido, a su vez, mejoras no imitadas por el nuestro.

    También ha habido claras afrentas a la libertad de expresión. Además de reiteradas amenazas y hechos de violencia no esclarecidos contra periodistas y medios de comunicación que investigan hechos de corrupción, se ha implementado una política de asignación de publicidad oficial para sostener con recursos económicos exclusivamente a aquellas voces que favorecen al Gobierno, configurándose una suerte de "censura indirecta", de acuerdo con los parámetros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para peor, se han restringido espacios de propaganda electoral, haciéndose cada vez más difícil para la oposición competir con los oficialismos tanto a nivel nacional como provincial.

    El nombramiento del general César Milani como jefe del Ejército, la sanción de la ley antiterrorista y la indefensión y persecución de los movimientos que pelean contra la minería indiscriminada en varias provincias son otras claras muestras de ataques a los derechos civiles.

    En cuanto a derechos políticos, no sólo no se produjeron avances, sino que ha habido claros retrocesos. Por ejemplo, pese a que el derecho a la información pública ha sido reconocido como derecho humano fundamental por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se sanciona la ley que vienen reclamando organizaciones sociales y periodistas desde hace más de 15 años, cuyo objetivo es permitir que cualquier ciudadano efectúe solicitudes ante cualquiera de los poderes del Estado. Además, el Poder Ejecutivo pone cada vez más límites a los requerimientos que se realizan en su sede. A su vez, se produjeron regresiones inaceptables en el acceso a datos sobre audiencias de los funcionarios y sobre sus declaraciones juradas. El Estado argentino no sólo desmanteló el Indec, sino que persiguió penalmente a quienes publicaban cifras alternativas.

    La reforma de la Constitución Nacional de 1994 incorporó la figura del defensor del Pueblo para facilitar que los reclamos por derechos fundamentales sean llevados a instancias institucionales. Sin embargo, desde hace cuatro años que no se designa a su titular.
    La corrupción genera miserables consecuencias para los derechos humanos, tal como vienen destacando los organismos internacionales. La descontrolada corrupción que impera en el país y contra la que no existe ninguna política pública de prevención o control se ha llevado consigo numerosas vidas durante esta gestión. La medicamentos adulterados, el choque de los trenes en Once o las inundaciones en la provincia de Buenos Aires son sólo algunos ejemplos.
    Pese a no ser una materia especialmente técnica, muchas personas han adoptado un concepto de derechos humanos limitado a la identificación y sanción de los delitos de lesa humanidad. Más allá de si esa confusión ha sido producto de una acción deliberada o no, corremos el riesgo de olvidar que el término es mucho más amplio y comprende una cantidad muy amplia de libertades y garantías para su ejercicio que el Estado debe satisfacer. No existe ningún informe de situación actual, de ninguna organización dedicada a esta materia, que le otorgue al Gobierno una calificación aceptable en esta materia. No podemos permitir que el autoatribuido título de "gobierno de los derechos humanos" se instale y se difunda porque sería un gran obstáculo para que los desvíos y abandonos mencionados se tomen en serio y se subsanen.

    El autor, cofundador de ACIJ, es profesor de las universidades de Palermo y Di Tella....fuente
    Derchos humanos? ja, seá una pequeña faccion revanchista montonera setentista vengativa que parece para sumar el voto adolescente, ojala no fuese así, pero ... si camina en cuatro patas y ladra seguro que es un perro
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  8. #53
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    Re: Derechos Humanos: esta gente hizo en Democracia lo que no se animó la Dictadura

    Qué horrible cuando por tanto sátrapa, imbécil, extremista, delirante, vendido, mercenario, corrupto, etc, la gente termina convenciéndose de animaladas como que no son necesarios los derechos humanos...
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  9. #54
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    Re: Derechos Humanos: esta gente hizo en Democracia lo que no se animó la Dictadura

    Bastante de acuerdo con lo que dice el imperialista Lanata

    Jorge Lanata: "El gobierno kirchnerista prostituyó los derechos humanos"
    El periodista dijo que Hebe de Bonafini "se cree San Martín"; además, contó que hay un vínculo entre Jorge Rial y Lázaro Báez

    El periodista Jorge Lanata habló sobre la polémica que se generó en los últimos días entre Alfredo Leuco y Hebe de Bonafini por los derechos humanos y criticó la manera en que el kirchnerismo manejó este tema. "El gobierno kirchnerista prostituyó los derechos humanos. Néstor Kirchner se dio cuenta que era una reclamo de la sociedad que nadie había hecho, crearon como referencia la generación del 70 para generar pasión con algo y se disfrazaron de eso", disparó.


    "Esto empezó con Carlos Menem cuando le pagó los subsidios a los familiares de desaparecidos. En ese momento Hebe de Bonafini estaba en contra, yo también. El Estado tiene que dar respuesta sobre qué hizo con el cadáver y después pagarle. Pero este tema no puede ser una cuestión de guita", agregó.

    En declaraciones a TN, Lanata dijo que los derechos humanos no tienen dueño y criticó a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo. "Hebe cree que es San Martín, que nosotros le debemos la democracia. Perdón Hebe, estás equivocada. Le debemos la democracia a Malvinas y algunas cosas que pasaron posteriormente, no fue Hebe la que nos dio la democracia", apuntó.


    "Este es un tema de la superioridad moral de la víctima. Yo hice todo lo posible igual que ellos. No somos tipos que llegamos de la nada a esta historia. El primer diario que puso lugar para los desaparecidos fue Página 12, no me pueden correr por izquierda con eso. Nadie es dueño de los derechos humanos", insistió.
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  10. #55
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    Re: Derechos Humanos: esta gente hizo en Democracia lo que no se animó la Dictadura

    Los derechos humanos kirchneristas
    Alfredo Leuco hizo público días atrás un pedido de conformación de nuevas entidades de derechos humanos para los nuevos tiempos de la Argentina. En su fundamentación alegó que la adhesión de algunas de las actuales organizaciones al kirchnerismo ha terminado disecándolas y alineándolas con los aplaudidores de los últimos 12 años, impidiéndoles cumplir con sus verdaderos objetivos.

    La propuesta de Leuco es avanzar hacia un proceso de renovación para que surjan entidades integradas por personas honradas y con prestigio social que adhieran a la defensa de los derechos humanos y que no tengan relación con facciones teñidas por la corrupción.


    La preocupación del periodista es entendible. La adhesión de ciertas entidades de derechos humanos al kirchnerismo no sólo las desvió del propósito prioritario de su objetivo, sino que también contaminó, al menos a una de ellas, en graves hechos de corrupción. El caso notorio fue el de las Madres de Plaza de Mayo, cuya línea, liderada por Hebe de Bonafini, entró en proyectos de construcción de viviendas que se financiaron con dineros públicos y que concluyeron en una estafa y siguió con un desfalco en un instituto universitario que terminó siendo pagado por todos los argentinos a través de una absurda estatización.

    El fácil dinero oficial fluyó para generar gastos y enriquecimientos inexplicables, en algunos casos, mientras que en otros, el aporte de las arcas públicas podría explicar la voluntaria ceguera frente a irregularidades cometidas desde el gobierno nacional.


    La cooptación kirchnerista no fue casual. Por el lado del matrimonio gobernante, respondió a una estrategia de construcción de poder. Por el lado de las entidades, fue una respuesta a quienes les dieron satisfacción a su aspiración de ver encarcelados a los acusados de ser victimarios de sus familiares o compañeros en la lucha revolucionaria. La idealización de los guerrilleros como perseguidos políticos está en la naturaleza de la relación afectiva de sus familiares y en el intento de una mejor presentación de su violencia revolucionaria frente a la sociedad y el mundo.

    Fue tan fuerte ese impulso ideológico y afectivo, así como la aspiración de vengar a sus seres queridos, que algunas entidades de derechos humanos pasaron por alto la corrupción kirchnerista.

    Click Aqui
    Ha predominado una versión histórica de los años setenta que es incompleta y asimétrica. Esta visión no sólo fue impulsada por estas entidades y por el gobierno kirchnerista, sino que también tuvo eco en espacios políticos, intelectuales y periodísticos tanto locales como del exterior. En general, se han condenado los crímenes de la represión excluyendo toda consideración de los previos crímenes del terrorismo revolucionario que los antecedió en el marco histórico. Las víctimas de este terrorismo no son todavía reconocidas, mientras que algunos de quienes usaron sus armas y su violencia contra civiles inocentes y también contra gobiernos constitucionales han sido homenajeados, indemnizados o hasta premiados con cargos oficiales.

    El discurso de Barack Obama frente al Monumento a la Memoria pudo haber caído justamente en esta visión parcial de la historia, mientras que el del presidente Mauricio Macri, aunque partió de una condena a la fecha del 24 de marzo, se refirió a la inaceptabilidad de la violencia política en general, dato que debe interpretarse como un avance en el sentido de arribar a un mayor equilibrio.

    Precisamente, una lectura más integral y abarcativa de lo ocurrido en los trágicos años setenta sería el paso que le puede faltar al pedido formulado por Leuco de conformar nuevas entidades de derechos humanos. Las víctimas de los grupos armados no pueden quedar en el olvido. Los crímenes del terrorismo deben ser también condenados, al tiempo que debe quedar claro para las nuevas generaciones de argentinos que el objetivo de esas organizaciones era instaurar, con apoyo desde Cuba, un régimen totalitario y no luchar por la democracia contra una dictadura militar. De hecho, sus mayores ataques y atentados se produjeron precisamente durante la gestión del gobierno peronista, elegido democráticamente en 1973.

    El respeto por los derechos humanos exige también no confundir justicia con venganza, como puede estar ocurriendo con algunos procesados sin condena por presuntos delitos de lesa humanidad a quienes se les niega la prisión domiciliaria pese a ser septuagenarios u octogenarios.

    La parábola seguida por las entidades de derechos humanos y su aterrizaje en el kirchnerismo debería dejar una lección sobre la parcialidad de su cometido en los últimos años. Para alcanzar la ansiada pacificación, la verdadera defensa de los derechos humanos no puede ser exclusiva de algunos ni estar sujeta al predominio de determinadas concepciones ideológicas o a interpretaciones sesgadas de los hechos históricos. ... fuente
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  11. #56
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    Re: Derechos Humanos: esta gente hizo en Democracia lo que no se animó la Dictadura

    Como para sumar infomación sobre la política de derechos humanos kirchnerista, el uso que se les dió, pensar en todos los que nada dijeron, etc etc etc:

    Un manifiesto por la justicia
    La reapertura de causas que eran cosa juzgada y la violación del derecho a la prisión domiciliaria han sido denunciadas por un grupo de destacados juristas

    Un conjunto de muy destacados juristas, cuya independencia de opinión no requiere demostración, ha emitido un documento titulado "Manifiesto: la Justicia y los juicios de lesa humanidad", donde cuestionan que se hayan dejado de lado los principios fundamentales de la justicia en el tratamiento de los delitos cometidos durante la represión del terrorismo de los años setenta. El documento objeta también la asimetría en el juzgamiento de estos delitos mientras se han mantenido impunes los cometidos por los grupos armados que desataron la violencia en pos de la implantación en la Argentina de un régimen totalitario marxista al ejemplo de Cuba.

    El manifiesto tiene un carácter jurídico. Reclama justamente por la falta de juridicidad en casos en los que prevalecieron la ideología y la exacerbación de sentimientos de venganza. Durante la gestión kirchnerista, las condenas y encarcelaciones de militares y miembros de las fuerzas de seguridad se utilizaron como una pantalla para recoger apoyos políticos y para inhibir críticas, como si con ese proceder se adquiriera un fuero virtual que les permitiera quedar impunes del latrocinio y la corrupción.

    Según destaca el manifiesto, se reabrieron procesos que ya habían adquirido categoría de cosa juzgada, se privó a los acusados del derecho a un debido proceso y se les negó la aplicación de la ley penal más benigna. Desapareció la necesaria seriedad procesal en ciertos juicios orales, envueltos en espectáculos cercanos al linchamiento por muchedumbres convocadas al efecto. Testigos y testimonios resultaron en muchos casos fraguados. En varias ocasiones los acusados fueron llevados al tribunal en camilla, sin que siquiera pudieran expresarse. Son 1435 las personas privadas de la libertad, de las cuales 248 llevan más de tres años de prisión preventiva sin sentencia. Han sido 360 los que han muerto en cautiverio y a muchos de ellos se les negó un tratamiento médico razonable. Aun a pesar de la elevada edad de la mayor parte de estos reclusos, superior a los 70 años que establece la ley, se les ha negado la prisión domiciliaria. Sólo en estos últimos meses se advierte una mejor disposición a concederla, aunque en algún caso, como el del general Eduardo Cabanillas, la prisión domiciliaria le llegó cuando ya había iniciado una huelga de hambre.

    La declaración hace referencia a la negación de justicia a las víctimas de atentados realizados por los grupos terroristas. Para estos casos todas las instancias judiciales han rechazado sistemáticamente las demandas, al aducir la prescripción por entender que no están alcanzados por la calificación de lesa humanidad debido a que no hubo intervención del Estado. Los juristas interpretan, por el contrario, que "el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, y al que la Argentina ha adherido, considera expresamente tanto los delitos cometidos por el terrorismo de Estado como los perpetrados por bandas armadas dentro de la misma categoría de lesa humanidad y, por ende, sujetos a idéntico régimen de imprescriptibilidad". Para más abundamiento, tanto los Montoneros como el ERP recibieron adiestramiento y apoyo material del Estado cubano. Debe recordarse además que luego del cruento ataque al cuartel de Azul, el entonces presidente Juan Domingo Perón pidió la renuncia a los gobernadores Oscar Bidegain, de Buenos Aires, y Ricardo Obregón Cano, de Córdoba, por considerar que desde sus gobiernos habían prestado apoyo a los grupos terroristas.

    Desde esta columna editorial nos hemos ocupado recientemente de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la viuda del capitán Humberto Viola, asesinado en 1974 por el ERP junto a su hijita María Cristina. Esta presentación expone justamente estos antecedentes. No sólo no están sometidos a juicio los responsables de los grupos terroristas, sino que muchos de sus integrantes que en su momento fueron amnistiados o indultados fueron más tarde premiados con cargos públicos y loas en el relato oficial de la era kirchnerista.

    Resultan claros los argumentos jurídicos expuestos con profesionalidad en el manifiesto. Pero se podrían agregar otros relacionados con la clara discriminación y el tratamiento asimétrico aplicado a ambas partes de la guerra interna sufrida por nuestro país en los setenta. La interpretación parcial de los hechos ha alcanzado gran parte de los medios y también los textos escolares y las universidades estatales. Sometidos a estos relatos, presiones e inhibiciones, en algunos casos por la propia adhesión a la denominada "justicia legítima", se han desempeñado los jueces a quienes ahora se les reclama nada menos que hacer justicia.
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    Poco pero bueno

  12. #57
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    Re: Derechos Humanos: esta gente hizo en Democracia lo que no se animó la Dictadura

    Hablan de "opinión independiente" aquellos pseudo juristas que reivindican la teoría de los dos demonios. Un asco ese manifiesto que intenta igualar el terrorismo de Estado a los actos cometidos por los grupos armados.
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  13. #58
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    Re: Derechos Humanos: esta gente hizo en Democracia lo que no se animó la Dictadura

    Siempre es interesante escuchar y leeer lo que piensa Graciela Fernández Meijide acerca de los Derechos Humanos:


    "A los Kirchner nunca les importó nunca el tema de los derechos humanos"
    La exintegrante de la CONADEP sostuvo que los grupos guerrilleros fueron "terroristas" y propuso reducir penas a los represores que colaboren con la Justicia.

    Graciela Fernández Meijide, exintegrande de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) durante la presidencia de Raúl Alfonsín, habló durante una entrevista de su lugar en los organismos de derechos humanos, la desaparición de su hijo, el número de desaparecidos y la discusión sobre esa época que se ha reavivado en las últimos semanas.

    Cuando el consultaron por qué no siguió la línea de Madres de Plaza de Mayo, Fernández Maijide contestó: “Porque mi forma de trabajo es más institucional. A mí no me alcanzaba con lo testimonial, que igual es importante. Pero había que reunirse en la calle y no había cómo guardar la documentación. En cambio, la Asamblea tenía una pequeña estructura que después se fue agrandando”.


    En cuanto a la llamada "teoría de los dos demonios", consideró que “es un invento que se reverdeció cuando Alfonsín dio, en 1983, los decretos 157 y 158, por los cuales se ordenaba el enjuiciamiento de los líderes de las tres primeras Juntas Militares y de los líderes de las organizaciones armadas Montoneros y ERP que no estaban en el país. Parecía que Alfonsín los ponía en nivel de igualdad”.

    “Sin embargo, si se lee la fundamentación de ambos decretos, no se dice ‘tienen igual responsabilidad’. Es por eso que se declaró crimen de lesa humanidad uno y no el otro, porque la fuerza que tiene un gobierno con todas las agencias de represión a su disposición se suma a la garantía de total impunidad”, agregó durante la entrevista al sitio Infobae. Además, sostuvo que “hoy ya no tiene sentido” enjuiciar a grupos que tomaron las armas en esa época.

    “Se hacen igual que antes, por lo tanto, la verdad la aportan siempre las víctimas, y los militares niegan y niegan. No se encontró la forma”, sostuvo la exintegrante de la Conadep en cuanto a los juicios contra los represores.

    Además, sobre el tema, agregó: “A aquel que diga datos concretos, que tenga reducción de pena. Hoy no tienen ningún estímulo. Si Santiago Riveros, que era el responsable de Campo de Mayo, donde seguramente mataron a mi hijo y al hermano de Eduardo, pudiera negociar no tener condena perpetua, a lo mejor nos diría si mi hijo pasó ahí”.

    En cuanto a la reactivación de los juicios durante el kirchnerismo, Fernández Meijide consideró que “la intencionalidad fue política. Néstor Kirchner fue elegido con el 22% de los votos y necesitaba sectores de la sociedad que lo apoyaran. Cuando se empiezan a desarrollar los juicios, comienza la necesidad de hacer juicios y más juicios. Además, se los organizó con muy poca astucia desde el punto de los tiempos de la economía jurídica”.

    Además, sostuvo que los Kirchner desmerecieron el trabajo previo de los organismos de derechos humanos “porque eran ignorantes de ignorancia supina. Ni a uno ni al otro les importó nunca el tema de los derechos humanos y nunca tuvieron nada, ninguna participación, ni física ni intelectual, con el tema. Por lo tanto, cuando lo abordaron, lo hicieron desde la mayor ignorancia”.

    “La acción de recomenzar la justicia, convocar y financiar dio sus resultados. Además, los organismos estaban muy achicados ya, pensá que yo soy de las madres más jóvenes, ya muchísimas han muerto”, comentó sobre la cooptación de los organismos.

    Al ser consultada por la cifra de desaparecidos, Fernández Meijide declaró: “Yo siempre digo, si fueron 30 mil, primero: ¿por qué las cúpulas no dicen quiénes son los 20 mil restantes? Segundo: ¿Qué pasó en esta sociedad que hay 20 mil personas que desaparecen y no hay una familia, un amigo o un compañero que denuncie?”.

    “¡Es imposible! Son los que son, número más o número menos. Y es más, hubo muchos intentos de denuncia de desaparición posterior para poder cobrar las indemnizaciones, porque esas cosas también, desgraciadamente, pasan”, remató.

    Además, polémica, Fernández Meijide sostuvo que el accionar de la Dictadura no se trató de genocidio porque eso “supone la persecución a un sector de la sociedad por raza, religión o etnia. Acá el tema era destruir las organizaciones armadas, sobre todo y básicamente ERP y Montoneros”.

    Por otra parte, la exintegrante de la Conadep sostuvo que las organizaciones armadas deberían ser llamadas “terroristas. Sobre todo la guerrilla urbana, donde no hay un enfrentamiento con un ejército en un terreno. Por eso, para hacerse notar, o tomaban un cuartel o una comisaría para robar las armas o ponían una bomba”.

    Para cerrar, le consultaron si cree posible cerrar ese capítulo de la Argentina, a lo que contestó: “Siempre se va a cerrar, más tarde o más temprano. Hoy por hoy es muy pronto. Primero, porque nadie dijo qué pasó con los desaparecidos. Yo todavía no sé qué pasó con mi hijo”.
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    Poco pero bueno

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