El caso Ciccone no sólo se llevó puesto al fiscal Carlos Rívolo, al juez Daniel Rafecas, al ex Procurador General Esteban Righi y al ex gerente general del Banco Central, Benigno Vélez. También generó modificaciones nunca vistas en la Inspección General de Justicia (IGJ), el órgano que regula a las sociedades comerciales del estilo de The Old Fund, controlante de la ex Ciccone Calcográfica.
El 8 y el 13 de junio, la IGJ emitió dos circulares internas que limitan el acceso a la información de ese organismo.


La IGJ jamás había impuesto un “corralito” a la documentación que hasta ahora podía ser chequeada por los ciudadanos que hicieran los trámites correspondientes.
LA IGJ está manejada desde el 28 de mayo por Noberto Berner, militante de La Cámpora.


Clarín comprobó que las nuevas resoluciones se están aplicando. Este diario pidió en tiempo y forma la información sobre dos sociedades que son propiedad del vicepresidente, Hábitat Natural e Inversiones Inmobiliarias Aspen.

En la semana, la web de la IGJ decía que la documentación requerida se encontraba en “mesa de entradas” lista para ser retirada. No era así. Sin nombrar a las nuevas circulares, los empleados argumentaron que no iban a poder entregar el material porque no lo encontraban: estaba “perdido”. Por el contrario, y casi confirmando las nuevas reglas, sí entregaron los balances y el acta de conformación de una tercera sociedad que no tenía protagonistas involucrados en una causa de corrupción.


El diario La Nación había contado el jueves que el legajo de The Old Fund había desaparecido de la IGJ.


La primera resolución sobre los nuevos mecanismos internos de la IGJ fue emitida el 8 de junio y está firmada por Berner. Entre otras cosas, dice que a partir de ahora el organismo deberá “controlar que la información a ceder sea exacta y actualizada para la finalidad a la que se destinará” y también que el solicitante de la documentación deberá demostrar “un interés legítimo” que sea “acorde a la finalidad del tratamiento”.


La otra resolución, también firmada por Berner, salió a la luz el 13 de junio. Entre otras especificaciones, aclara que la documentación del Registro Público de Comercio “forma parte de un banco de datos personales, encontrándose alcanzada por la Ley de Protección de Datos Personales”.


Las dos circulares hacen alusión al dictamen N° 007/12 de la Dirección Nacional de Datos Personales. Ese escrito dice en su conclusión que la IGJ deberá “verificar la existencia de interés legítimo para proceder a dar mayor información al respecto”.


El documento se emitió en respuesta a un escrito presentado por el entonces titular de la IGJ, Marcelo Mamberti. El ex funcionario había consultado sobre un pedido de informes de un diputado, que no identifica, que el 17 de febrero había solicitado información sobre sociedades relacionadas a una “presunta comisión de irregularidades en el proceso concursal y posterior rehabilitación” de una “sociedad anónima”. Esa sociedad es Ciccone Calcográfica. El diputado que hizo un pedido de informes sobre el tema el 17 de febrero fue el radical Ricardo Gil Lavedra.


Este diario le avisó al legislador que su pedido de informes había derivado en un cambio del régimen de la IGJ. No se le había notificado de modo oficial. Gil Lavedra dice que lo que pasó “es una barbaridad. La información que figura en los registros públicos no es de los funcionarios, es del pueblo. Las limitaciones a su difusión sólo llevan como propósito encubrir la posible comisión de delitos”.


Clarín llamó al titular de la IGJ, Berner, para saber cómo se determinará que los solicitantes de la información de las sociedades comerciales tendrá un “interés legítimo” para pedirla. No respondió.
Sus empleados administrativos, pícaros, ya bautizaron a las dos circulares de la polémica. Las llaman “resoluciones Boudou"

http://www.clarin.com/politica/Boudo...720528136.html