Ya arrancaron los controles a la importación y exportación de servicios y se suma un nuevo miedo en la agenda de los empresarios

03/04/2012

Pactar un contrato de asesoramiento con una firma de otro país, traer un software, solicitar soporte técnico externo, acordar con un call center o contratar una "celebritie" ya no será igual que antes. Todas estas actividades quedaron bajo la lupa oficial. Lo que viene y cambios al actual contexto Por Juan Diego Wasilevsky

.... Sin embargo, Moreno ahora también ve como grandes "enemigos" de su plan para cuidar los dólares tanto a un músico estadounidense, a un empleado de un call center que trabaja desde Montevideo como a un contador radicado en Santiago de Chile.

¿Qué tienen en común estas tres personas? Que los servicios que ofrecen y que "compra" la Argentina -ya sean profesionales o culturales-, en 2011 significaron una erogación de más de u$s4.300 millones para el país, según datos que se desprenden del Banco Central.

En este contexto, y para "cerrar el círculo" sobre el dólar y poder controlar en un 100% la demanda que recae sobre esta divisa, el Gobierno acaba de implementar las flamantes Declaraciones Juradas Anticipadas de Servicios.
En buen romance, cada vez que una empresa o un individuo necesite contratar un servicio en el exterior, deberá pedirle permiso a la AFIP y esperar hasta obtener el visto bueno para que el Banco Central libere las divisas necesarias para cancelar dicha operación.
Si bien la medida también alcanza a los servicios de exportación, para los ejecutivos de empresas está claro que los mayores "riesgos" deberán ser afrontados por aquellos que importen, es decir, por quienes contraten servicios de otros países y succionen esas divisas que el Gobierno tanto pretende cuidar.
Entre los rubros que ya se ven alcanzados por la medida, que ya comenzó a regir desde el 1º de abril, figuran: servicios de información e informática; patentes y marcas; regalías; derechos de autor; servicios empresariales profesionales y técnicos; servicios personales, culturales y recreativos; pagos de garantías comerciales y servicios y derechos de explotación de películas, video y audio extranjeras.

Cabe destacar que las operaciones de exportación por estos conceptos -exceptuando viajes y logística- implicaron ingresos al país por u$s5.750 millones en 2011, según datos del BCRA.
Al analizar la composición de esas ventas al mundo se observa que casi 9 de cada 10 dólares correspondieron a los servicios profesionales y técnicos, principalmente jurídicos, contables y de asesoramientos varios.

Sin embargo, como se indicó anteriormente, gran parte de ese colchón de dólares fue "anulado" por las importaciones, que treparon hasta los u$s4.300 millones ese mismo año.
En este caso, la mayor parte también correspondió a los servicios profesionales (60%), seguido por regalías (24%) y operaciones asociadas con prestaciones del sector de la informática (8%).

Crece el malestar en el exterior
Estos mayores controles se lanzaron en un momento complejo, considerando que días atrás unos 40 países presentaron una queja formal ante la OMC en contra de los controles de Argentina a las importaciones.

En este contexto, el gerente de una de las cámaras empresarias más importantes del país, y que pidió absoluto off the record por temor a ser "amonestado" por el Gobierno, aseguró que el mayor miedo entre los empresarios "es que puedan utilizar esta nueva herramienta para desalentar las importaciones de servicios. Es decir que, de un día para el otro, un funcionario diga que no se pueda implementar un software determinado, que ponga trabas para contratar a un artista en el exterior o que una empresa no pueda contar con un servicio profesional brindado desde otro país".
"Esto agregaría más incertidumbre, especialmente a las grandes compañías, que constantemente requieren importaciones de este tipo, ya sea desde soluciones informáticas hasta asesoramiento legal o contable", disparó el directivo.

La medida no sólo preocupa a los ejecutivos locales, sino que se convirtió en un nuevo dolor de cabeza entre los hombres de negocio del exterior, especialmente los de Uruguay, que tiene una pujante y creciente industria sin chimeneas radicada en la gravitante zona franca de Montevideo, donde cada día trabajan unas 8.000 personas, muchas de ellas ofreciendo servicios que le venden justamente a la Argentina.
En ese polo están radicadas firmas de la talla de KPMG, Deloitte y Merril Lynch.
Desde la Cámara de Zonas Francas del país vecino alertaron que ya se prevén "menos inversiones" y hasta incluso que se frenen desembolsos ya planificados a causa de estos nuevos controles.
Desde la entidad dieron como un hecho que cerca del 30% de los servicios que se prestan desde estos polos de negocios se verán afectados por las trabas impuestas por la Argentina.
En la misma línea, y en diálogo con iProfesional.com, Marcelo Lombardi, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, alertó que numerosas empresas cuyos negocios dependen de la Argentina "se encontrarán con problemas" ahora que la normativa entró en vigencia.
"La heterodoxia que vemos es sorprendente. Nosotros somos un país que nos manejamos con otros códigos, con mucha previsibilidad. Pero está visto que las reglas de juego claras no forman parte del esquema de trabajo en la relación bilateral y esto claramente nos complica", se quejó el directivo.
Lombardi confirmó a este medio que "lo que estamos haciendo en estos momentos es recabar información sobre el impacto específico que puede tener esta medida en nuestras exportaciones de servicios. Lo que tenemos en claro es que estas nuevas declaraciones juradas van a generar problemas. No creemos que vayan a fluir con total normalidad".
Acto seguido, aseguró que el universo que podría verse impactado por este nuevo "cerrojo" alcanza operaciones de servicios por unos u$s600 millones anuales.

En este contexto, el directivo de la entidad adelantó que "si se ven perjudicadas nuestras empresas, obviamente vamos a acudir al gobierno para hacer los planteos que correspondan. Nuestra postura es clara: queremos que se respeten los acuerdos bilaterales y por ello, en caso de ser necesario, pugnaremos para que se recurra al tribunal del Mercosur o a la Organización Mundial del Comercio para enfrentar cualquier medida que vaya en contra del espíritu del libre comercio".

Más allá de los efectos, Lombardi recalcó que "estas restricciones están vinculadas con temas de fondo: el déficit fiscal creciente de la Argentina, las dificultades para acceder al financiamiento externo y la fuga de dólares. En definitiva, que ahora se metan con los servicios es una vuelta de tuerca más a las restricciones de bienes".
En Chile también se hicieron eco de los cambios impuestos por el Gobierno kirchnerista.

Así, desde la Coalición de Exportadores de Servicios solicitaron al gobierno de Piñera que se pronuncie en contra del sistema de declaraciones juradas.
El presidente de la entidad, Juan Antonio Gálmez, expresó que "esta normativa, de carácter proteccionista, se constituirá en un obstáculo importante en la fluidez de nuestras exportaciones de servicios a ese país".
El directivo alertó en ese sentido que hay en juego ventas hacia la Argentina por más de u$s800 millones anuales.

Gálmez aseguró que la normativa "va en contra del espíritu del Acuerdo de Servicios negociado entre Chile y el Mercosur, que prometía consolidar la legislación vigente en ambos países en materia de tráfico comercial de servicios".
Cómo funciona
Desde Bairexport, consultora especializada en Comercio Exterior, explicaron que "el sistema asigna un número de identificación a cada declaración jurada presentada, y la información registrada será puesta a disposición de los organismos que adhieran al mecanismo".
Dichos organismos deberán pronunciarse en un lapso establecido en el respectivo instrumento de adhesión, que se estima en no mayor a siete días hábiles.

Es decir que este sistema guarda numerosas similitudes con las declaraciones juradas aplicable a los bienes, para las cuales la Secretaría de Comercio Interior tiene la potestad de denegarlas bajo el argumento, por citar sólo un caso, de que la empresa que las solicita importa más que lo que exporta.
De ahí el temor de los hombres de negocios de que la cartera que conduce Guillermo Moreno se adhiera y así se sume a la fiscalización del comercio de servicios.

Según Bairexport, entre los datos que deben consignar las empresas desde el 1º de abril figuran:
• Fecha y lugar de celebración del contrato
• Lugar de ejecución de la prestación
• Plazo de vigencia.
• Descripción y concepto del servicio: monto total del contrato o factura, tipo de moneda en cantidad, así como los importes cancelados con anterioridad a la fecha de vigencia de la resolución, en caso de haber renegociación.
• Forma de pago, si es en cuotas (cantidad, fecha de vencimiento de la primera y de la última), monto de las cuotas, tipo de moneda, forma de cancelación del primer pago, transferencia bancaria, banco, número de cuenta y titular del destinatario de los fondos.

Así, en la Argentina de la "sintonía fina", los controles no son sólo para ingresar autos, repuestos o máquinas... ahora también lo padecen las empresas que contraten servicios de otros país. Y esto incluye desde un acuerdo por asesoramiento jurídico hasta un concierto de Lady Gaga.

Como se ve, la lupa oficial para cuidar los dólares amplía cada vez más su alcance.
de iProfesional
Atentos a esto todos los que desarrollan soft y servicios